Día Mundial de la Alimentación 2013

85 aniversario de Ernesto Guevara conmemorando desde Guatemala

Fallo histórico y desinformación: el caso de Ríos Montt

El 10 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia asignado al caso, condenó al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por encontrarle culpable del delito de Genocidio contra la etnia Ixil (que habita en el departamento de Quiché). Esto demuestra, en primer lugar la existencia del genocidio en Guatemala, tal como ya lo había indicado la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), hace más de una década. 

La Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. De acuerdo con Victoria Sanford en su libro "Violencia y Genocidio en Guatemala" (2003:37), "genocidio significa cualquiera de las siguientes acciones perpetradas con la intención de destruir total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso: a) matanza de miembros del grupo; b) causar daños corporales o mentales graves a miembros del grupo; c) infligir al grupo deliberadamente condiciones de vida destinadas a acarrear la destrucción física en todo o en parte; imponer medidas que tiendan a impedir nacimientos dentro del grupo; trasladar forzosamente a niños miembros del grupo hacia otro grupo".

Agrega más adelante: ""dado que el 87% de las víctimas de la violencia fueron mayas, así como todas las 626 aldeas masacradas, no debiera quedar duda de que el Ejército guatemalteco violó la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas" (38).

La sentencia del Tribunal responde al análisis de los casos presentados de población ixil sobreviviente y fortalece el sistema de justicia así como al Estado guatemalteco, que por primera vez, luego de la evasión del   señor Ríos Montt amparado bajo el cargo de diputado hasta enero de 2012, al perder su inmunidad, se vio obligado a enfrentar la justicia. 

Dado que grupos económicos de poder en Guatemala también estuvieron vinculados y en alianza con el gobierno militar represor de Ríos Montt, hoy en día, a través de los medios de difusión bajo su propiedad, se han dado a la tarea de desinformar a la opinión pública, indicando que se trata de una condena al Estado de Guatemala y por lo tanto, "todos somos genocidas". Se trata de desvirtuar las declaraciones y testimonios de las verdaderas víctimas: hombres y mujeres ixiles, diciendo que "no fue genocidio, sino que se trató de un enfrentamiento armado", para lo cual cabe la pregunta: ¿era necesario asesinar sistemáticamente a la población civil de los municipios ixiles, incluyendo a niños nacido y aún a los que estaban por nacer en una guerra? Lo era, si se toma en cuenta la política intencional de "tierra arrasada" del exdictador Ríos Montt en esos años, lo cual coincide con la intención de acabar con un grupo étnico, bajo el pretexto de que "estaban ayudando a la guerrilla".

Por otro lado, la defensa del hoy condenado por genocidio, se valió de medidas dilatorias, a veces burdas, con tal de entrampar el proceso, a lo cual los medios de los sectores económicos dieron voz planteando que "no se estaba respetando el debido proceso", cuando la jueza respetó cada paso del mismo.

Guatemala necesita estar informada de la verdad, la propaganda del sistema de los grupos de poder económico se vale de la mayoría de medios de difusión. Sin embargo, es necesario que el ciudadano busque otras fuentes de información.

Fuente citada: 

Stanfor, Victoria (2003). Violencia y Genocidio en Guatemala. Guatemala: F & G Editores.

Comunicado del CECODE frente a los estados de sitio en Guatemala

Ante la ola de represión e intimidación por parte del gobierno y fuerzas afines,

NO A LOS ESTADOS DE SITIO, NO A LAS AMENZAS DE VIOLENCIA POLÍTICA,

SI AL DERECHO DE JUSTICIA, SÍ AL DERECHO DE DEFENSA DEL TERRITORIO

Ciudad de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango, mayo de 2013

Ante la coyuntura actual que se vive en Guatemala, manifestamos:

Nuestra preocupación y rechazo ante lo que no puede ser interpretado de otra forma, que un reposicionamiento desde el espacio público y desde las decisiones gubernamentales, de las fuerzas más racistas, intolerantes, hostiles y oscurantistas de la sociedad guatemalteca. Evidencia de ello son:

·         Los múltiples comunicados, panfletos insertos en periódicos, columnas de opinión, declaraciones y demás formas de expresión, en donde no sólo defienden y promueven el estado de perenne impunidad en Guatemala, sino que además hacen uso de amenazas veladas o no, de lo que “podría suceder” si los fallos judiciales no son de su agrado.

·         Amenazas que incluyen a las organizaciones populares, de defensa de los derechos humanos, indígenas y académicas sociales, si éstas continúan con su libre ejercicio al derecho de expresión, búsqueda de la justicia, denuncia, movilización social y protesta pacífica.

·         Los estados de sitio declarados en cuatro municipios que son decisiones disfrazadas de legalidad, porque se los permite la ley, pero que a todas luces son acciones desproporcionadas que hacen uso de viejas estrategias gubernamentales de intimidación a los liderazgos comunitarios y de los Pueblos Indígenas del país; para desorganizar y descabezar sus movimientos al no ser de su agrado ni línea política-económica e ideológica, y por ende, al no postrase ante intereses de sectores políticos y económicos mayores.

·         Las múltiples declaraciones de funcionarios de gobierno, empezando por el Presidente de la República y su Ministro de Gobernación, que evidencian su clara intencionalidad de cero tolerancia ante la verdadera oposición política; su predisposición al uso de la fuerza como prioridad, antes que la activación de mecanismos pacíficos de diálogo y consenso; su total alineación como “agentes de seguridad” de empresas privadas extranjeras antes que ser entidades defensoras de las y los ciudadanos; su determinación a ejercer un gobierno de “mano dura” ante quienes les critiquen y se les opongan; y que los hace parte de los esfuerzos por polarizar a la sociedad entre “buenos y malos” para justificar sus acciones represivas y esconder en el barullo, sus negocios basados en la corrupción, el clientelismo, el autoritarismo y el desfalco.

Todo lo anterior nos lleva a dilucidar que los peores temores que se tenían ante la re-toma del poder, por parte del militarismo conservador de mentalidad represiva, los están volviendo realidad. Asociado ahora con la intención de realizar negocios propios al amparo del ejercicio gubernamental, la complicidad del sector empresarial organizado y la bendición de corporaciones internacionales.

Analizamos que entre las viejas y renovadas tácticas, son claras:

·         La invención o magnificación de un real o aparente enemigo que amenaza la seguridad de la población, su status quo, el orden y la paz. Que además es un “enemigo interno”, es decir que no está allende las fronteras, sino dentro.

·         La utilización de los medios de difusión afines y sus miembros, para promover en los imaginarios de la opinión pública, la percepción de dos ideas concretas: el estar ante situaciones de peligro que amenazan a la sociedad y su estabilidad (manifestaciones violentas, secuestro, invasión de propiedad privada, robo, etc.); y posicionar a los responsables de dichas situaciones (organizaciones populares, comunitarias de Pueblos Indígenas; movimientos ciudadanos; organizaciones de derechos humanos; organizaciones de víctimas del conflicto armado; líderes locales opositores; etc.).

·         La conveniente asociación de las fuerzas políticas conservadoras, tanto las de tinte militarista, como la económica de tendencia oligarca. Con ello logran muchos fines, como la activación de sus instrumentos parlamentarios (diputados) para el entrampamiento del Estado de Derecho y de aquellas leyes no convenientes (reforma tributaria, leyes anti corrupción, de desarrollo rural, de acceso a los medios de difusión, etc.); y el lanzar mensajes a la población de respaldo del gran empresariado, bajo la supuesta amenaza a la propiedad privada y las bendiciones de éste, como el empleo, la productividad y la generación de riqueza.

·         Lo anterior es el escenario promovido que sirve de preámbulo y justificación, para acciones de represión como el uso prioritario y desmedido de la fuerza pública; el uso antojadizo de la ley para establecer estados de sitio que coartan las libertades y derechos de la población; la deslegitimización de búsqueda de la justicia, especialmente en los casos de Genocidio y otros vinculados al conflicto armado interno.

·         Con estas acciones, buscan intimidar a los liderazgos de los movimientos sociales de protesta y oposición; descabezarlos como se hizo en las décadas del conflicto; sentar precedentes para que no se vuelvan a reactivar los mismos o nuevos; criminalizar los derechos de protesta y libre expresión; deslegitimar las acciones democráticas en pos de la libre determinación de los pueblos y la defensa de los recursos naturales; potenciar la polarización  social para crear  cortinas de humo y desviar la atención ante los escandalosos negocios llevados a cabo de forma ilegal (casos: IGSS, Portuaria Quetzal, Fonapaz, desvío de recursos del MINEDUC, etc.).

Por lo tanto, como una entidad de la sociedad civil que promueve una comunicación democrática que tiene como referente el diálogo y el reconocimiento pleno de nuestra ciudadanía, demandamos:

·         El cese inmediato de la estigmatización por parte del mismo gobierno, sectores económicamente poderosos y sus medios de difusión, hacia los movimientos de defensa del territorio, de los derechos humanos, rescate de la memoria histórica y justicia, etc. que los presenta como “delincuentes y terroristas”. La realidad no es solamente la versión que presentan las empresas extractivas, existen actores ciudadanos que también tienen algo que decir, pero que no han sido escuchados.

·         Priorizar, por sobre todas las cosas, la búsqueda del diálogo. Pero un diálogo generador de propuestas de solución y que sean resultado de la escucha hacia los sectores que no han sido tomados en cuenta por no tener poder económico. Ya no más diálogos disfrazados, que sólo han servido para engañar a las comunidades y frenar sus legítimas demandas.

·         Respeto a la voz de los pueblos indígenas. Urge una visión compartida del desarrollo que se pretende como país, hasta hoy sólo se ha tomado en cuenta la voz de los grandes inversores con quienes hace negocio el gobierno.

·         A los medios de difusión, tomar en cuenta que el hecho noticioso involucra a diversos actores y no solamente a los que tienen mayor poder económico. Hace falta hoy más que nunca, conocer los puntos de vista diversos, las diferentes versiones de los hechos, escuchar la voz de las comunidades también.

·         Demandamos respeto al libre ejercicio de la ciudadanía, dejando de lado los argumentos gubernamentales, empresariales y de defensores de los acusados de genocidio como el que las organizaciones nacionales y extranjeras que exigen respeto a los derechos humanos y justicia viven de la confrontación.

·         Manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades víctimas del despojo de los recursos de su territorio, con las víctimas del genocidio en Guatemala, con las y los estudiantes normalistas que han dado la cara en contra de la privatización de la educación, con las radios comunitarias que siguen esperando la aprobación de la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria (Iniciativa 4087), con las organizaciones campesinas que siguen a la espera de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral (Iniciativa 4084) y con el pueblo guatemalteco que sigue viviendo en una espiral de violencia. 

Video sobre la consulta comunitaria contra la minería en San Juan Ostuncalco

El Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) documentó en video el proceso de la consulta comunitaria de buena fe respecto a la actividad minera en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, en febrero de 2011. Aquí puedes ver y compartir esta producción de apoyo a la lucha de los pueblos por la defensa de su territorio desde Guatemala.

8 de marzo: Comunicadoras comunitarias constructoras de ciudadanía

Un reconocimiento a las mujeres que han asumido el papel de comunicadoras en sus comunidades, facilitando conocimientos e información a otras mujeres para construir juntas y juntos el cambio social de nuestro país. Especialmente, a las mujeres que toman parte de las radios comunitarias, la televisión local por cable, las comadronas que orientan a las mujeres, las lideresas, alcaldesas comunitarias, integrantes de comités locales, etc. Todas ellas, constructoras de ciudadanía.

La lucha de las radios comunitarias en el fortalecimiento de la democracia en Guatemala

6 años construyendo Otra Comunicación

El Centro de Comunicación para el Desarrollo (CECODE) cumple este 14 de febrero de 2013 seis años de existir como organización que agrupa a personas que creen en que es posible trabajar "otra comunicación" desde Guatemala. Se trata de una iniciativa que vio la necesidad de cambiar el rumbo tradicional con respecto a la manera de trabajar la comunicación en temas de cambio social y desarrollo. Hasta hoy en día, sentimos la influencia de los modelos de países del norte en cuanto a la manera en que se trabaja la comunicación en estos temas: el énfasis ha estado puesto en ser una especie de "expertos modificadores de conductas" en los seres humanos, para lo cual (las agencias de desarrollo que dan la plata) nos han trasladado recetarios sobre cómo se debe hacer comunicación para cambiar comportamientos, diseñar estrategias de información, educación y comunicación (IEC) o más recientemente, trabajar por este cambio individual de comportamientos agregándole el ingrediente de tomar en cuenta algunos aspectos de la comunidad, sin perder de vista que se persiguen cambios individuales en temas de salud, nutrición, etc. A esto se suma, otra influencia del norte: promocionar obras de atención a la población, de carácter asistencialista por parte de las empresas que se imponen en un territorio dado, muchas veces en contra de la voluntad de los ciudadanos que allí habitan, para maquillar ese rostro negativo, hablamos de la responsabilidad social empresarial (RSE), una especie de propaganda comunicacional para olvidarse del problema real. 

En este contexto, intentar hacer "otra comunicación" que parta de los mismos ciudadanos y ciudadanas afectados por los  problemas, donde se ejerza de manera efectiva el derecho a la comunicación, donde se creen espacios para el diálogo, la ampliación de puntos de vista, el análisis por medio del debate, la búsqueda de opciones para la acción, parece ser una tarea difícil, pero no imposible. Con el CECODE hemos trabajado en pasar de esta teoría a la acción: en los últimos años, con el apoyo de UNICEF, implementamos la Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo 36 Meses-Cero Desnutrición, con el fin de combatir la desnutrición crónica en 12 municipios del país (Totonicapán y Chiquimula). La apuesta fue por el fortalecimiento de capacidades de comunicación en las y los actores locales a nivel comunitario y municipal, conformándose equipos municipales de comunicación quienes se encargaron de planificar, ejecutar, monitorear y evaluar acciones de comunicación participativa. Las decisiones pasaron a manos de estos actores locales sobre las acciones de comunicación a desarrollar, de tal manera que se crearon nuevas herramientas (más participativas) para utilizar en las comunidades, se integraron los medios locales de difusión, se elaboraron materiales en video y audio producidos por comadronas, jóvenes, niños y niñas, así como hombres de las comunidades. Los resultados demuestran que después de tres años, se han dado cambios significativos y cambios en conocimientos, actitudes y prácticas basados en el cambio de metodología de comunicación.

Hoy, llegamos a 6 años de trabajo, agradeciendo especialmente a las y los actores locales de los ocho municipios de Totonicapán y los cuatro de Chiquimula con los cuales trabajamos y seguimos apoyando, así como a UNICEF, autoridades comunitarias, funcionarios públicos, medios comunitarios de comunicación y a todos los que han creído con nosotros que sí es posible hacer "otra comunicación".