A 10 años del Informe Guatemala, Memoria del Silencio: un esclarecimiento incompleto, una memoria a medias.

(Escrito por Cristian Ozaeta C.)

Primera razón: “Se nombra el pecado, pero no al pecador”

En días de la semana pasada, se conmemoraron los 10 años de aniversario del informe “Guatemala, Memoria del Silencio” elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Importante e histórico hecho sin duda alguna, ya que este informe oficializó lo que hasta entonces había sido un secreto a voces, los crímenes y atrocidades cometidas contra la población civil, especialmente indígena, durante el Conflicto Armado Interno.

Creo que el gran aporte del Informe fue, precisamente, la oficialización de las violaciones a los derechos humanos, y haberlo hecho además de manera sistemática, aunque incompleta. Y es que pienso que así es nuestro proceso de Memoria Histórica: incompleto.

¿Por qué? Por varias razones. La primera es que el Informe, por mandato, no individualiza responsabilidades ni identifica a los violadores sino únicamente de manera institucional. Así atribuye cargas porcentuales sobre el Ejército y sus fuerzas paralelas, así como de la Guerrilla. El esclarecimiento entonces queda inconcluso, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Bien amarrado dejaron ese aspecto las partes cuando firmaron el acuerdo de paz que le dio vida a la Comisión, sin mencionar que además buscaron la impunidad también a través de la vieja fórmula de la amnistía.

Se supone que esa individualización de responsabilidades y su posterior enjuiciamiento, correría a cargo del sistema de justicia del país, cosa ilusoria (e irrisoria) dadas las condiciones (por todos sabidas) deplorables, corruptas, vendidas e ineficientes de dicho aparato en todas sus dependencias. Quedaba entonces en las manos de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, la búsqueda de la justicia. Camino largo y azaroso e incluso martirial para personas como Monseñor Gerardi Conedera. Aunque este camino ha rendido frutos, se han logrado enjuiciamientos y hasta condenas contra algunas personas, de carne y hueso, que perpetraron dichas violaciones.

Los nombres quizás no están escritos, pero si inferidos. Información que ya se encontraba hace diez y once años en los informes de la CEH y del REMHI, respectivamente, si se hubiera tomado en serio y se hubiesen realizado todas las acciones pertinentes, sería hoy en día la vacuna de la peor de nuestras enfermedades sociales: la violencia y el crimen organizado. Y es que a pesar de la mordaza impuesta de no individualizar responsabilidades, la verdad encontró, cual agua en la roca, fisuras por donde hacerse camino y dichos informes nombraron a grupos que claramente eran el “eje del mal”, en donde se concentraban las peores fuerzas oscurantistas de las políticas y operativos contrainsurgentes. Nombres como “La Oficinita”, “El Archivo”, “La Cofradía” o “El Estado Mayor Presidencial”, saltaron a la vista pública y se conocía de sus miembros. Hoy en día son los mismos nombres que se barajan como los cabecillas de las organizaciones criminales del país, a razón de instituciones como la CICIG.

En conclusión, a pesar de no verter nombres de los culpables, sí se abrió el camino para su identificación y posterior procesamiento jurídico. No se hizo, o se ha hecho poco. El esclarecimiento del Holocausto, por ejemplo, trajo como consecuencia inmediata la identificación de los nazis responsables del genocidio y tantos otros crímenes más, para su juicio y condena, pero además para recordar sus nombres, para no olvidar sus actos.