miércoles, octubre 31, 2012

Guatemala: ¿un país imaginado desde la capital?



Los acontecimientos del 4 de octubre de 2012, cuando el ejército de Guatemala abrió fuego contra manifestantes k’ich’es de Totonicapán, pone de nuevo en el tapete la discusión sobre el país que hemos construido en nuestra imaginación, en realidad no es uno solo, sino al menos, dos. El problema es que ha predominado el país imaginado por la oligarquía cuyo centro de poder se estableció en la ciudad capital. Más aún, el problema es que, al concentrar todo el poder, este grupo ha logrado imponer (no por la fuerza) su visión de país:

Etnocéntrico, donde existen los pueblos indígenas en función de satisfacer las necesidades de este grupo de poder metropolitano: son los campesinos que proveen a las amas de casa de frutas, verduras, granos básicos… Además, son los socios (en desventaja) para que los grandes empresarios hagan negocios exportando su producción. Son parte del paisaje turístico para generar divisas. Son objetos de folclor para representaciones de los niños y niñas que estudian en los colegios capitalinos en fechas especiales como la independencia. Especialmente, en este año, son objeto de atracción de capital al apoderarse de la fecha del cambio de era de la cultura Maya y tomarla como una fecha importante para los mestizos de la oligarquía que ahora sí se sienten guatemaltecos y mayas.

En este marco etnocéntrico, también son considerados como la masa electoral a la que hay que acudir cada cuatro años o antes, a conquistar con promesas baratas para lograr conservar el poder desde el montaje de democracia que mantienen el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos tradicionales.

En función del capital, dado que la única razón de ser y de vivir, la razón del éxito, es la acumulación de capital. Para ello, un país ideal para este grupo es el que cree en que no deben existir escrúpulos a la hora de acumular riqueza, quien se oponga a ello, será llamado “atrasado”. Así, desde la capital se decide con las grandes compañías extranjeras la extracción de los recursos naturales de las comunidades del resto del país, en complicidad con los ministerios y secretarías de gobierno a cargo de garantizar un medio ambiente saludable y seguro. No cabe en la imaginación de este grupo, que existan personas que quieran defender su territorio.

En función del capital también se concibe al resto de pobladores del país: son consumidores potenciales y si no cuentan con el dinero necesario, pues serán proveedores de mano de obra barata, sin salario mínimo, prestaciones sociales… Para eso, este grupo se ha inventado la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para dar una cara amable a la opinión pública aunque no cumpla con sus compromisos laborales básicos.
Egocéntrico, en el sentido de concebir que basta con lo poco que se paga de impuestos, apelando a que todos los bienes y servicios deberían estar regulados por el supuesto “libre mercado”, para lo cual, es necesario reducir la  inversión social en educación, salud o combate a la pobreza y extrema pobreza. Es mejor invertir en infraestructura que sirva para mejorar los procesos de comercialización de sus productos. La idea es que todos paguen igual sus impuestos, no que el que tiene más pague más…

El egocentrismo del grupo oligarca, también se manifiesta en concebir al resto de habitantes del país, de preferencia aquellos que sufren la pobreza, como sus objetos de caridad o RSE, al final… ¿cuál sería la diferencia? Así, en vez de atacar las causas de los problemas que originan la pobreza, arman campañas donde llevan a sus militantes (los demás capitalinos o quienes se identifican con ellos) a visitar familias pobres y darle algo, una bolsa de comida, algunas herramientas, etc. Eso sí, publicitándolo por todos los medios posibles, que finalmente, también están en manos de ellos.

Centrado en el monólogo, a propósito de los “medios” de difusión masiva, dado que se ha asegurado que sólo existan visiones unilaterales, al menos para los capitalinos que viven su propia realidad construida por los noticieros de las grandes cadenas radiales, del monopolio televisivo, de las empresas periodísticas patrocinadas por esta misma iniciativa privada. Esto lleva a un monólogo, sin saber siquiera que existan “otros pensamientos”, “otras visiones”… “otros ciudadanos”.

¿Y del otro lado? ¿Qué hay?

Del otro lado está el resto del país, la gran mayoría, la que no vive en el sueño metropolitano de creer ciegamente ese país etnocéntrico, egocéntrico, construido en función del capital y centrado en el monólogo:

Pueblos que quieren ser protagonistas de su propia plenitud de vida (o buen vivir), que siguen las enseñanzas de los abuelos y las abuelas en cuanto a sus normas de convivencia, gestión del “desarrollo”, reconocimiento de la autoridad, defensa del territorio y de la madre tierra, dispuestos a luchar por reivindicar ser reconocidos como ciudadanos y ciudadanas de igual categoría que los que viven en la capital.

Solidaridad, demostrada con las expresiones del resto de autoridades y pueblos indígenas del país hacia los 48 Cantones de Totonicapán por la agresión sufrida por el gobierno central. Solidaridad que existe también en el ámbito comunitario entre vecinos y familias.

Otra Guatemala que no le apuesta a que “vivir bien” es “tener mucho” o acumular capital a costa de cualquier cosa. A esos ciudadanos y ciudadanas que les basta con producir sus alimentos, pero de manera suficiente, y satisfacer las necesidades básicas de la familia.

Y sin embargo, este otro país, es invisibilizado desde la capital…

Cualquier intento por hacerse visibles, se convierte en algo inaceptable para el grupo de poder capitalino y sus aliados -que no pertenecen a este grupo pero que han sido permeados por el pensamientos etnocéntrico y egocéntrico que emana desde ahí-. Así, la mayoría repite los argumentos que crean los grupos de poder: se trata de indígenas manipulados, gente que no respeta la ley, gente violenta “capaz de linchar” a las fuerzas represoras del Estado… Es imposible para estas personas imaginra la otra Guatemala, la de los Otros y las Otras, la de esa mayoría que no vive en la capital…

lunes, octubre 08, 2012

Comunicado de CECODE ante la re militarización del país




Ciudad de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango,  Octubre de 2012
Desde el Centro de Comunicación para el Desarrollo –CECODE-, ante la opinión nacional e internacional, organizaciones aliadas y afines, centros académicos y especialmente a la población del pueblo de Guatemala, exponemos:
·         Nuestra indignación ante la matanza de ciudadanos k’iche’s que ejercían el derecho de protesta  en el área  de Totonicapán, el día 4  de octubre en un incidente donde se vieron involucrados elementos del ejército y la policía nacional civil. Hecho que además de exigir la condena social del país entero, también exige un proceso de justicia que investigue, juzgue y castigue a los responsables, no solamente quienes activaron sus armas, sino las autoridades que  demostrando gran incapacidad en la resolución pacífica de conflictos y nula habilidad para el diálogo, autorizaron la intervención represiva de las fuerzas de seguridad.
·         Señalamos que este gobierno ha demostrado en ya varias ocasiones, su clara indisposición al diálogo, ya que disfraza como mesas de conversación y consensos, su ejercicio unilateral y autoritario de ganar tiempo para reafirmar sus propias decisiones, tomando a los sectores con quienes se ha sentado a “negociar”, como interlocutores de menor nivel que no merecen respeto alguno. Ejemplo claro de ello fue el mal obrado proceso de consultas con los normalistas así como la marcha campesina de marzo de este año. En ambos casos se presentaron propuestas, por ejemplo, los normalistas plantearon diversas opciones consensuadas para mejorar la calidad educativa, obteniendo por ello más represión policíaca y falsas promesas de tomar en cuenta sus propuestas.
·         Nos preocupa la creciente presencia de tropas militares en comunidades, especialmente aquellas cerca de fronteras, en zonas de exploración minera, proyectos hidroeléctricos o en proceso de negociación por el denominado corredor tecnológico, así como en municipios cercanos a la ciudad capital. Hemos sido testigos directos del involucramiento del ejército en actividades comunitarias y educativas, en donde en  sus alocuciones han definido su presencia para “control del narcotráfico y control de la población”, cuestionando a funcionarios públicos y operarios de ONG’s sobre sus respectivos trabajos y obligaciones para con las poblaciones, en fragrante recopilación de información e intimidación.
·   Dados todos estos factores, tememos que estemos situados ante toda una estrategia de re militarización de la vida social guatemalteca, regresando a climas político-sociales propios de la guerra interna, con tácticas de acercamiento a la población con rostro amigable pero con claros objetivos de control; planteamiento de falsos procesos de diálogo como medidas dilatorias para la anulación de protestas y movimientos como los normalistas; la evidente tendencia al uso de la fuerza por parte de las fuerzas seguridad convertidas en fuerzas de choque; y el definitivo postramiento ante los intereses empresariales y sectores corruptos.

Por lo tanto, como una entidad de la sociedad civil que promueve una comunicación democrática que tiene como referente el diálogo y el reconocimiento pleno de nuestra ciudadanía, demandamos:

1. Del gobierno central: 
Acabar con la estrategia de represión hacia todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se oponen a los megaproyectos privados, exigen hacer valer sus derechos, defienden sus territorios, defienden la educación pública y la formación docente desde la educación media, exigen tierra para trabajarla, el acceso a frecuencias de radio, etc. Éste no es el camino para la resolución de los conflictos en una sociedad democrática.
Que se respeten los procesos de diálogo verdadero: reconocer al Otro y a la Otra como sujeto/a con propuestas igualmente válidas a las propias, pero con el fin de llegar a acuerdos que sí se van a cumplir. El diálogo ya no debe plantearse como estrategia dilatoria para imponer las propias decisiones.
2. A la ciudadanía:
Estar atenta a cualquier tipo de represión e intimidación por parte de las fuerzas militares y denunciarla ante las autoridades correspondientes, esperando del Ministerio Público y el sistema de justicia del país, un actuar coherente con la plena vigencia de los derechos humanos. 
3. A los medios de difusión:
En primer lugar, nombrar a los sujetos/as de manera real con sus identidades, se ha insistido en muchos medios que la manifestación del 4 de octubre en Totonicapán fue una protesta de “campesinos”, a lo cual hay que aclarar que la organización de los alcaldes comunitarios de los 48 Cantones además de campesinos, incluye también: comerciantes, profesionales, docentes, amas de casa, funcionarios de organizaciones de desarrollo, empleados de empresas privadas, etc.
También pedimos una cobertura de estos hechos que tome en cuenta la voz de los ciudadanos y las ciudadanas que se han visto involucrados y no solamente, la de los reporteros.

viernes, octubre 05, 2012

Represión del gobierno militar en Guatemala: ¿el enemigo es el pueblo?


En el primer año de gobierno del militar Otto Pérez Molina se ha registrado un claro aumento a la represión de las protestas y manifestaciones de la sociedad civil, lo cual muestra el origen del poder: la misma intolerancia y estrategia de aplicación de la violencia empleada años atrás por el poder militar en alianza con las cúpulas empresariales en el Conflicto Armado Interno: una violencia ejercida desde el mismo Estado.

El pasado 4 de octubre de 2012, los alcaldes comunitarios de los 48 Cantones de Totonicapán, entidad histórica en la defensa del pueblo y sus recursos por medio de la organización y valoración del poder ancestral, realizó una manifestación bloqueando la carretera Interamericana. El motivo: negociar el abuso de la empresa privada que controla la energía eléctrica en el municipio, rechazar una reforma constitucional unilateral del presidente militar y demandar marcha atrás a la eliminación de la carrera docente en la educación media. Ninguna petición fuera de los derechos ciudadanos.

La respuesta: el gobierno militar envió policías y soldados a reprimir a las y los manifestantes. El resultado: hasta el momento 6 ciudadanos asesinados por bala y más de treinta heridos. Parece ser que la violencia es la única manera de atender las demandas justas de la sociedad de parte del presidente. 

A continuación se presenta el comunicado de organizaciones de la sociedad civil:

Ante los hechos de violencia suscitados el Jueves 4 de octubre, las organizaciones sociales y de derechos humanos abajo firmantes, denunciamos:


1. La tarde del Jueves 4 de octubre, el Comité de los 48 Cantones de Totonicapán, estructura ancestral de representación legítima de su pueblo, fue violentamente reprimido por fuerzas del Ejército presentes en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana, en respuesta a la manifestación que realizaron en rechazo a la reforma constitucional, la reforma de la carrera magisterial y el alto costo de la energía eléctrica. Resultado de la intervención armada de gobierno, hay cuatro personas fallecidas, cerca de 18 heridos y varias personas intoxicadas...

2. La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro. Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la población en el kilómetro 170 de la ruta Interamericana.

3. El uso de fuerzas combinadas con presencia militar y con armas de fuego, ante una acción ciudadana de protesta y reclamo en ejercicio pleno de derechos universalmente reconocidos y nacionalmente garantizados, es una muestra de la violencia por parte del Estado, que se muestra incapaz de actuar en correspondencia con una cultura democrática y en el marco del estado de derecho.

4. El empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en acciones de desalojo o intervención en manifestaciones o reuniones públicas, según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, constituye tortura, situación por la cual el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. La acción autoritaria y de negación al sostenimiento de un diálogo efectivo que busque resolver los problemas reales de la población, el abandono histórico y el discurso demagógico violentan los derechos fundamentales que buscan la dignidad de pueblos y personas.
Ante dicha situación, demandamos
1. A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la investigación profunda de los hechos y la emisión inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

2. Al Ministerio Público (MP), iniciar proceso penal en contra de los funcionarios que resulten responsables de estos hechos sangrientos, así como del accionar arbitrario y violento de las fuerzas de seguridad civiles y militares.

3. Al gobierno de Guatemala, proporcionar a las autoridades de PDH y MP, toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de los hechos. Asimismo, retirar temporalmente de sus posiciones a los funcionarios involucrados quienes por acción o por omisión resultan comprometidos en los hechos ocurridos.
 
4. Al presidente de la República Otto Pérez Molina, la inmediata desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública.

5. Al Congreso de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-.

6. Al Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-, realizar los peritajes a las armas balísticos, necropsias e investigación de la escena del crimen, con apego a las normas correspondientes.

7. Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica.

8. A las comunidades y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por estos hechos, manifestamos nuestra solidaridad profunda y nuestro compromiso de acompañarles en la búsqueda de justicia por estos hechos dolorosos.

Guatemala, 4 de octubre de 2012


Convergencia por los Derechos Humanos
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-
Fundación Sobrevivientes
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-
Seguridad en Democracia -SEDEM-
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala -UDEFEGUA-
Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-
Asociación Feminista La Cuerda
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas -CAFCA-
Centro de Estudios de Guatemala -CEG-
Colectivo Artesana
Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial -ECAP-
Educa Guatemala
Sector Mujeres de Sociedad Civil
Unión Nacional de Mujeres de Guatemala -UNAMG-
Convergencia Maya Waquib Quej