Ciudad
de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango, Octubre de 2012
Desde el Centro de Comunicación para el Desarrollo –CECODE-,
ante la opinión nacional e internacional, organizaciones aliadas y afines,
centros académicos y especialmente a la población del pueblo de Guatemala,
exponemos:
·
Nuestra indignación ante la
matanza de ciudadanos k’iche’s que ejercían el derecho de protesta en el área de Totonicapán, el día 4 de octubre en un incidente donde se vieron involucrados elementos del ejército y
la policía nacional civil. Hecho que además de exigir la condena social del
país entero, también exige un proceso de justicia que investigue, juzgue y
castigue a los responsables, no solamente quienes activaron sus armas, sino las
autoridades que demostrando gran
incapacidad en la resolución pacífica de conflictos y nula habilidad para el
diálogo, autorizaron la intervención represiva de las fuerzas de seguridad.
·
Señalamos que este gobierno ha
demostrado en ya varias ocasiones, su clara indisposición al diálogo, ya que
disfraza como mesas de conversación y consensos, su ejercicio unilateral y
autoritario de ganar tiempo para reafirmar sus propias decisiones, tomando a
los sectores con quienes se ha sentado a “negociar”, como interlocutores de
menor nivel que no merecen respeto alguno. Ejemplo claro de ello fue el mal
obrado proceso de consultas con los normalistas así como la marcha campesina de
marzo de este año. En ambos casos se presentaron propuestas, por ejemplo, los
normalistas plantearon diversas opciones consensuadas para mejorar la calidad
educativa, obteniendo por ello más represión policíaca y falsas promesas de
tomar en cuenta sus propuestas.
·
Nos preocupa la creciente
presencia de tropas militares en comunidades, especialmente aquellas cerca de
fronteras, en zonas de exploración minera, proyectos hidroeléctricos o en
proceso de negociación por el denominado corredor tecnológico, así como en
municipios cercanos a la ciudad capital. Hemos sido testigos directos del
involucramiento del ejército en actividades comunitarias y educativas, en donde
en sus alocuciones han definido su
presencia para “control del narcotráfico y control
de la población”, cuestionando a funcionarios públicos y operarios de ONG’s
sobre sus respectivos trabajos y obligaciones para con las poblaciones, en
fragrante recopilación de información e intimidación.
· Dados todos estos factores,
tememos que estemos situados ante toda una estrategia de re militarización de la vida social guatemalteca, regresando a
climas político-sociales propios de la guerra interna, con tácticas de
acercamiento a la población con rostro amigable pero con claros objetivos de
control; planteamiento de falsos procesos de diálogo como medidas dilatorias
para la anulación de protestas y movimientos como los normalistas; la evidente
tendencia al uso de la fuerza por parte de las fuerzas seguridad convertidas en
fuerzas de choque; y el definitivo postramiento ante los intereses
empresariales y sectores corruptos.
Por lo tanto,
como una entidad de la sociedad civil que promueve una comunicación democrática
que tiene como referente el diálogo y el reconocimiento pleno de nuestra
ciudadanía, demandamos:
1. Del gobierno central:
Acabar
con la estrategia de represión hacia todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que
se oponen a los megaproyectos privados, exigen hacer valer sus derechos,
defienden sus territorios, defienden la educación pública y la formación
docente desde la educación media, exigen tierra para trabajarla, el acceso a
frecuencias de radio, etc. Éste no es el camino para la resolución de los
conflictos en una sociedad democrática.
Que se respeten los procesos de diálogo verdadero: reconocer al Otro
y a la Otra como sujeto/a con propuestas igualmente válidas a las propias, pero
con el fin de llegar a acuerdos que sí se van a cumplir. El diálogo ya no debe
plantearse como estrategia dilatoria para imponer las propias decisiones.
2. A la ciudadanía:
Estar atenta a cualquier tipo de represión e intimidación por parte
de las fuerzas militares y denunciarla ante las autoridades correspondientes,
esperando del Ministerio Público y el sistema de justicia del país, un actuar
coherente con la plena vigencia de los derechos humanos.
3. A los medios de difusión:
En primer lugar, nombrar a los sujetos/as de manera real con sus
identidades, se ha insistido en muchos medios que la manifestación del 4 de
octubre en Totonicapán fue una protesta de “campesinos”, a lo cual hay que
aclarar que la organización de los alcaldes comunitarios de los 48 Cantones
además de campesinos, incluye también: comerciantes, profesionales, docentes,
amas de casa, funcionarios de organizaciones de desarrollo, empleados de
empresas privadas, etc.
También
pedimos una cobertura de estos hechos que tome en cuenta la voz de los
ciudadanos y las ciudadanas que se han visto involucrados y no solamente, la de
los reporteros.
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