Ante la ola de represión e intimidación por parte del
gobierno y fuerzas afines,
NO A LOS ESTADOS DE SITIO, NO A LAS AMENZAS DE
VIOLENCIA POLÍTICA,
SI AL DERECHO DE JUSTICIA, SÍ AL DERECHO DE DEFENSA
DEL TERRITORIO
Ciudad de Guatemala y Ciudad de Quetzaltenango, mayo de 2013
Ante la coyuntura actual que se
vive en Guatemala, manifestamos:
Nuestra
preocupación y rechazo ante lo que no puede ser interpretado de otra forma, que
un reposicionamiento desde el espacio público y desde las decisiones gubernamentales,
de las fuerzas más racistas, intolerantes, hostiles y oscurantistas de la
sociedad guatemalteca. Evidencia de ello son:
·
Los múltiples
comunicados, panfletos insertos en periódicos, columnas de opinión,
declaraciones y demás formas de expresión, en donde no sólo defienden y
promueven el estado de perenne impunidad en Guatemala, sino que además hacen
uso de amenazas veladas o no, de lo que “podría suceder” si los fallos
judiciales no son de su agrado.
·
Amenazas que
incluyen a las organizaciones populares, de defensa de los derechos humanos,
indígenas y académicas sociales, si éstas continúan con su libre ejercicio al
derecho de expresión, búsqueda de la justicia, denuncia, movilización social y
protesta pacífica.
·
Los estados de
sitio declarados en cuatro municipios que son decisiones disfrazadas de
legalidad, porque se los permite la ley, pero que a todas luces son acciones
desproporcionadas que hacen uso de viejas estrategias gubernamentales de
intimidación a los liderazgos comunitarios y de los Pueblos Indígenas del país;
para desorganizar y descabezar sus movimientos al no ser de su agrado ni línea
política-económica e ideológica, y por ende, al no postrase ante intereses de
sectores políticos y económicos mayores.
·
Las múltiples
declaraciones de funcionarios de gobierno, empezando por el Presidente de la
República y su Ministro de Gobernación, que evidencian su clara intencionalidad
de cero tolerancia ante la verdadera oposición política; su predisposición al
uso de la fuerza como prioridad, antes que la activación de mecanismos
pacíficos de diálogo y consenso; su total alineación como “agentes de
seguridad” de empresas privadas extranjeras antes que ser entidades defensoras
de las y los ciudadanos; su determinación a ejercer un gobierno de “mano dura”
ante quienes les critiquen y se les opongan; y que los hace parte de los esfuerzos
por polarizar a la sociedad entre “buenos y malos” para justificar sus acciones
represivas y esconder en el barullo, sus negocios basados en la corrupción, el
clientelismo, el autoritarismo y el desfalco.
Todo
lo anterior nos lleva a dilucidar que los peores temores que se tenían ante la
re-toma del poder, por parte del militarismo conservador de mentalidad
represiva, los están volviendo realidad. Asociado ahora con la intención de
realizar negocios propios al amparo del ejercicio gubernamental, la complicidad
del sector empresarial organizado y la bendición de corporaciones
internacionales.
Analizamos que entre las viejas
y renovadas tácticas, son claras:
·
La invención o
magnificación de un real o aparente enemigo que amenaza la seguridad de la
población, su status quo, el orden y la paz. Que además es un “enemigo
interno”, es decir que no está allende las fronteras, sino dentro.
·
La utilización de
los medios de difusión afines y sus miembros, para promover en los imaginarios
de la opinión pública, la percepción de dos ideas concretas: el estar ante
situaciones de peligro que amenazan a la sociedad y su estabilidad
(manifestaciones violentas, secuestro, invasión de propiedad privada, robo,
etc.); y posicionar a los responsables de dichas situaciones (organizaciones
populares, comunitarias de Pueblos Indígenas; movimientos ciudadanos;
organizaciones de derechos humanos; organizaciones de víctimas del conflicto
armado; líderes locales opositores; etc.).
·
La conveniente
asociación de las fuerzas políticas conservadoras, tanto las de tinte
militarista, como la económica de tendencia oligarca. Con ello logran muchos
fines, como la activación de sus instrumentos parlamentarios (diputados) para
el entrampamiento del Estado de Derecho y de aquellas leyes no convenientes
(reforma tributaria, leyes anti corrupción, de desarrollo rural, de acceso a
los medios de difusión, etc.); y el lanzar mensajes a la población de respaldo
del gran empresariado, bajo la supuesta amenaza a la propiedad privada y las
bendiciones de éste, como el empleo, la productividad y la generación de
riqueza.
·
Lo anterior es el
escenario promovido que sirve de preámbulo y justificación, para acciones de
represión como el uso prioritario y desmedido de la fuerza pública; el uso
antojadizo de la ley para establecer estados de sitio que coartan las
libertades y derechos de la población; la deslegitimización de búsqueda de la
justicia, especialmente en los casos de Genocidio y otros vinculados al
conflicto armado interno.
·
Con estas
acciones, buscan intimidar a los liderazgos de los movimientos sociales de
protesta y oposición; descabezarlos como se hizo en las décadas del conflicto;
sentar precedentes para que no se vuelvan a reactivar los mismos o nuevos;
criminalizar los derechos de protesta y libre expresión; deslegitimar las
acciones democráticas en pos de la libre determinación de los pueblos y la
defensa de los recursos naturales; potenciar la polarización social para crear cortinas de humo y desviar la atención ante
los escandalosos negocios llevados a cabo de forma ilegal (casos: IGSS,
Portuaria Quetzal, Fonapaz, desvío de recursos del MINEDUC, etc.).
Por lo tanto, como una entidad de la sociedad civil
que promueve una comunicación democrática que tiene como referente el diálogo y
el reconocimiento pleno de nuestra ciudadanía, demandamos:
·
El cese inmediato
de la estigmatización por parte del mismo gobierno, sectores económicamente
poderosos y sus medios de difusión, hacia los movimientos de defensa del
territorio, de los derechos humanos, rescate de la memoria histórica y
justicia, etc. que los presenta como “delincuentes y terroristas”. La realidad
no es solamente la versión que presentan las empresas extractivas, existen
actores ciudadanos que también tienen algo que decir, pero que no han sido
escuchados.
·
Priorizar, por
sobre todas las cosas, la búsqueda del diálogo. Pero un diálogo generador de propuestas
de solución y que sean resultado de la escucha hacia los sectores que no han
sido tomados en cuenta por no tener poder económico. Ya no más diálogos
disfrazados, que sólo han servido para engañar a las comunidades y frenar sus
legítimas demandas.
·
Respeto a la voz
de los pueblos indígenas. Urge una visión compartida del desarrollo que se
pretende como país, hasta hoy sólo se ha tomado en cuenta la voz de los grandes
inversores con quienes hace negocio el gobierno.
·
A los medios de
difusión, tomar en cuenta que el hecho noticioso involucra a diversos actores y
no solamente a los que tienen mayor poder económico. Hace falta hoy más que
nunca, conocer los puntos de vista diversos, las diferentes versiones de los
hechos, escuchar la voz de las comunidades también.
·
Demandamos
respeto al libre ejercicio de la ciudadanía, dejando de lado los argumentos
gubernamentales, empresariales y de defensores de los acusados de genocidio
como el que las organizaciones nacionales y extranjeras que exigen respeto a
los derechos humanos y justicia viven de la confrontación.
·
Manifestamos
nuestra solidaridad con las comunidades víctimas del despojo de los recursos de
su territorio, con las víctimas del genocidio en Guatemala, con las y los
estudiantes normalistas que han dado la cara en contra de la privatización de
la educación, con las radios comunitarias que siguen esperando la aprobación de
la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria (Iniciativa 4087), con las
organizaciones campesinas que siguen a la espera de la aprobación de la Ley de
Desarrollo Rural Integral (Iniciativa 4084) y con el pueblo guatemalteco que
sigue viviendo en una espiral de violencia.
