El 10 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia asignado al caso, condenó al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por encontrarle culpable del delito de Genocidio contra la etnia Ixil (que habita en el departamento de Quiché). Esto demuestra, en primer lugar la existencia del genocidio en Guatemala, tal como ya lo había indicado la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), hace más de una década.
La Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. De acuerdo con Victoria Sanford en su libro "Violencia y Genocidio en Guatemala" (2003:37), "genocidio significa cualquiera de las siguientes acciones perpetradas con la intención de destruir total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso: a) matanza de miembros del grupo; b) causar daños corporales o mentales graves a miembros del grupo; c) infligir al grupo deliberadamente condiciones de vida destinadas a acarrear la destrucción física en todo o en parte; imponer medidas que tiendan a impedir nacimientos dentro del grupo; trasladar forzosamente a niños miembros del grupo hacia otro grupo".
Agrega más adelante: ""dado que el 87% de las víctimas de la violencia fueron mayas, así como todas las 626 aldeas masacradas, no debiera quedar duda de que el Ejército guatemalteco violó la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas" (38).
La sentencia del Tribunal responde al análisis de los casos presentados de población ixil sobreviviente y fortalece el sistema de justicia así como al Estado guatemalteco, que por primera vez, luego de la evasión del señor Ríos Montt amparado bajo el cargo de diputado hasta enero de 2012, al perder su inmunidad, se vio obligado a enfrentar la justicia.
Dado que grupos económicos de poder en Guatemala también estuvieron vinculados y en alianza con el gobierno militar represor de Ríos Montt, hoy en día, a través de los medios de difusión bajo su propiedad, se han dado a la tarea de desinformar a la opinión pública, indicando que se trata de una condena al Estado de Guatemala y por lo tanto, "todos somos genocidas". Se trata de desvirtuar las declaraciones y testimonios de las verdaderas víctimas: hombres y mujeres ixiles, diciendo que "no fue genocidio, sino que se trató de un enfrentamiento armado", para lo cual cabe la pregunta: ¿era necesario asesinar sistemáticamente a la población civil de los municipios ixiles, incluyendo a niños nacido y aún a los que estaban por nacer en una guerra? Lo era, si se toma en cuenta la política intencional de "tierra arrasada" del exdictador Ríos Montt en esos años, lo cual coincide con la intención de acabar con un grupo étnico, bajo el pretexto de que "estaban ayudando a la guerrilla".
Por otro lado, la defensa del hoy condenado por genocidio, se valió de medidas dilatorias, a veces burdas, con tal de entrampar el proceso, a lo cual los medios de los sectores económicos dieron voz planteando que "no se estaba respetando el debido proceso", cuando la jueza respetó cada paso del mismo.
Guatemala necesita estar informada de la verdad, la propaganda del sistema de los grupos de poder económico se vale de la mayoría de medios de difusión. Sin embargo, es necesario que el ciudadano busque otras fuentes de información.
Fuente citada:
Stanfor, Victoria (2003). Violencia y Genocidio en Guatemala. Guatemala: F & G Editores.
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